MANIFESTO AOS POVOS LATINOAMERICANOS * Frente Revolucionária dos Trabalhadores/FRT

MANIFESTO AOS POVOS LATINOAMERICANOS

VENEZUELA MULHER

MADURO

MANIFESTO BARCELONA

MOBILIZAÇÃO

Nota da Frente Revolucionária dos Trabalhadores, em solidariedade e defesa do povo e governo da Venezuela!

As forças imperialistas atacaram nesta madrugada o solo interno da Venezuela com bombardeios aéreos por drones.

Até o momento não se sabe o paradeiro do presidente Nicolas Maduro e sua esposa, a primeira combatente Cilia Flores, nem se ouve vítimas fatais.

O povo venezuelano de pronto, tomou as ruas em defesa do seu país e seu governo, e a Força Armada bolivariana está em profundo estado de prontidão e combate.

A agressão covarde e vil por parte da Casa Branca constitui um dos crimes mais graves, cometido pelo imperialismo contra a América Latina nos últimos tempos. Abre assim, precedentes perigosíssimos para uma ofensiva generalizada dos Estados Unidos contra todos os países no mundo, não só em Nossa América.

Até o momento, as reações dos chefes de Estado em toda a nossa região têm sido muito tíbias, protocolares e em grande medida pusilânime, tamanho a gravidade da situação.

O que restava ainda do suposto "direito internacional", plasmado na Carta das Nações Unidas, está rasgado e o imperialismo em crise avançará para sua política neocolozizadora contra os povos.

Na América Latina em particular, corremos o risco de sermos arrastados para guerras permanentes do imperialismo, como ocorre no Oriente Médio, onde vemos países balcanizados, Estados falidos e desestruturados, a selvageria e o reino do caos imperando.

Nos solidarizamos militantemente com nossos irmãos venezuelanos e com o presidente Maduro e sua família. Neste momento é urgente formarmos uma coordenação continental para tomarmos as ruas, as embaixadas e consulados estadunidenses em defesa da Venezuela e das vidas do presidente Nicolas Maduro e Cilia Flores.

Que os governos latinoamericanos e caribenhos tomem postura enérgica e prática contra este crime gravíssimo cometido pelos bandidos imperialistas.

Mais uma vez, nós da Frente Revolucionária dos Trabalhadores do Brasil, estamos incondicionalmente e até às últimas consequências ao lado do povo e governo venezuelano.

SOBRE EL ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS A VENEZUELA

Declaración del FAI

Estados Unidos intenta someter a Venezuela como primer paso para recolonizar América Latina, empezando por eliminar el obstáculo que supone el actual presidente Nicolás Maduro, para después desmontar el estado bolivariano y poder neutralizar al Ejército. Todo ello para apropiarse, en primera instancia, del petróleo y sus instalaciones.

En el mes de agosto de 2025 se produjo la mayor concentración de la historia de fuerzas militares del Comando Sur de los EE.UU frente a las costas venezolanas. El objetivo era bloquear Venezuela por tierra, mar y aire y a continuación, atacarla. Una operación recogida como parte de la Estrategia de Seguridad Nacional que establece explícitamente la recolonización de América Latina y el Caribe por los EE.UU.

El 26 y 27 de diciembre, Donald Trump declaraba: “nos devolverán todo lo que nos robaron” (petróleo, gas, tierras, activos), poniendo, negro sobre blanco, la máxima imperialista de que el saqueo debe ser recompensado.

Una vez más, la primera parte de la estrategia imperialista fue la criminalización, la construcción de un relato para consumo interno: la lucha contra el narcotráfico. El complejo comunicacional construyó un programa de propaganda sistemática para producir un ablandamiento artillero mediático que convenciera a la población de los Estados Unidos de la necesidad de gastar dinero en la invasión de Venezuela.

Se difundieron imágenes borrosas, sin ningún detalle, de ataques a lanchas en el mar, sin detenciones, sin imágenes de los contenidos de las lanchas, ni de las personas, ni de las rutas…. nada que permitiera a los estadounidenses comprobación alguna. Vídeos cortos, simples, sin historia, destinados a alimentar un estereotipo creado para la clase media norteamericana, núcleo del pensamiento del modo de vida americano.

En estos momentos ya se difunden las imágenes del éxito del ataque a Venezuela, las noticias del secuestro del presidente venezolano -que no le llaman secuestro sino captura-; de ahí en adelante seguirán el guion del manual norteamericano del “cambio de régimen”. Nada de esto es nuevo, quizá en las formas, pero existe una continuidad en cómo ha operado el imperio a lo largo de su historia.

Sin duda vivimos en tiempos de riesgos e incertidumbre, estamos en un periodo de transición hacia un nuevo modelo de gobernanza mundial que no solo no está definido sino que aun está pendiente del resultado de múltiples acontecimientos, de cómo se conforman definitivamente los bloques ahora en construcción y del desarrollo de estrategias como la estadounidense de Seguridad Para América latina y el Caribe de la que ahora se está dando el primer paso.

Nada cambia excepto la forma directa y explicita de sus objetivos. El Comando Sur, protagonista de esta operación, ya lo venía haciendo desde años atrás, ¿pero quién lee sus informes?. Ahora sí, porque al igual que en Palestina, el crimen se ha banalizado hasta ser solo una tendencia en las redes y se puede alardear de ello sin mayores consecuencias.

Palestina viene al caso, forma parte de la misma guerra, son los mismos verdugos y sus mismos cómplices, también comparten la coyuntura: Un occidente en descomposición, el petróleo de la zona, las rutas del comercio mundial, la necesidad de mostrar la arbitrariedad y la impunidad para que sea creíble, en resumen, el poder imperial.

Hace algunos años Atilio Boron en una conferencia sobre el declive de la economía estadounidense explicó, no solo la decadencia del Occidente; también relató que los Estados Unidos podrían mantener su actual modo de vida recolonizando América Latina y el Caribe, es decir, apropiándose libremente de todas las riquezas, controlando el comercio y deshaciéndose de sus competidores en esa región, especialmente de China, afianzándose como superpotencia regional a la espera de recuperarse cómo hegemón mundial, algo a lo que no renunciará hasta su colapso final.

Ya ha sido atacada Venezuela; le seguirán el resto, toda América Latina y el Caribe. El guion será el mismo: criminalizar, aislar, destruir; una fórmula de éxito ensayada en multitud de ocasiones, pero que no ha sido invulnerable ya que siempre han existido resistencias que los han frenado y derrotado.

La resistencia venezolana ha sobrevivido al acoso permanente de los Estados Unidos, durante más de 25 años, ha sufrido golpes de Estado, guarimbas, atentados terroristas, el saqueo de sus bienes, gobiernos paralelos, bloqueos y asedios. Los Estados Unidos han necesitado movilizar toda una flota para secuestrar al presidente constitucional Nicolás Maduro; cabe preguntarse qué necesitará para someter a toda Venezuela.

Desde el internacionalismo, desde la defensa de la soberanía y la independencia de todos los pueblos, hacemos un llamado a la movilización y la unión de todas las luchas para extender la resistencia allá donde se produzca cualquier intervención imperialista.

En un mundo en el que se reconoce la existencia de 50 conflictos armados, América Latina y el Caribe se había conjurado como territorio de paz en 2014, una paz ahora violada por el imperio del norte. La paz no es pasiva, hay que alimentarla, cuidarla y protegerla todos los días y defenderla cuando es agredida.

Llamamos a defender la institucionalidad venezolana, la legitimidad de su presidente y la soberanía de su pueblo. Denunciamos el secuestro de su presidente como un crimen y alzamos nuestra voz para proclamar que Venezuela no está sola.

Frente Antiimperialista Internacionalista, 4 de enero de 2026

MEMBROS DA FORÇA DELTA MORTOS NO SEQUESTRO DE MADURO

SOBRE O ATAQUE DOS ESTADOS UNIDOS À VENEZUELA

Declaração da FAI

Os Estados Unidos estão tentando subjugar a Venezuela como um primeiro passo para recolonizar a América Latina, começando por eliminar o obstáculo representado pelo atual presidente Nicolás Maduro e, em seguida, desmantelando o Estado bolivariano para neutralizar as forças armadas. Tudo isso visa, antes de mais nada, a apropriação do petróleo e da infraestrutura do país.

Em agosto de 2025, a maior concentração de forças militares do Comando Sul dos EUA na história foi mobilizada na costa da Venezuela. O objetivo era bloquear a Venezuela por terra, mar e ar, e então atacá-la. Essa operação fazia parte da Estratégia de Segurança Nacional, que delineia explicitamente a recolonização da América Latina e do Caribe pelos Estados Unidos.

Nos dias 26 e 27 de dezembro, Donald Trump declarou: "Eles devolverão tudo o que nos roubaram" (petróleo, gás, terras, bens), colocando, preto no branco, a máxima imperialista de que a pilhagem deve ser recompensada.

Mais uma vez, a primeira parte da estratégia imperialista foi a criminalização, a construção de uma narrativa para consumo interno: a luta contra o narcotráfico. O aparato de comunicação construiu um programa sistemático de propaganda para produzir um amolecimento da opinião pública mediado pela mídia, convencendo a população dos Estados Unidos da necessidade de gastar dinheiro na invasão da Venezuela.

Imagens borradas e sem detalhes de ataques a barcos no mar foram divulgadas, sem prisões, sem filmagens do conteúdo das embarcações, das pessoas a bordo ou das rotas percorridas — nada que permitisse aos americanos verificar os fatos. Vídeos curtos e simples, desprovidos de contexto, criados para reforçar um estereótipo da classe média americana, o cerne do estilo de vida americano.

Já circulam imagens do ataque bem-sucedido à Venezuela, juntamente com notícias do sequestro do presidente venezuelano — que eles chamam de captura, não de rapto. Daqui para a frente, seguirão o roteiro do manual americano de "mudança de regime". Nada disso é novo, talvez apenas nos métodos, mas há uma continuidade na forma como o império tem operado ao longo de sua história.

Sem dúvida, vivemos em tempos de risco e incerteza. Estamos em um período de transição rumo a um novo modelo de governança global que não só está indefinido, como ainda aguarda o desfecho de múltiplos eventos, a formação definitiva dos blocos em construção e o desenvolvimento de estratégias como a Estratégia de Segurança dos EUA para a América Latina e o Caribe, cujo primeiro passo já está sendo dado.

Nada muda, exceto a natureza direta e explícita de seus objetivos. O Comando Sul, protagonista desta operação, vem fazendo isso há anos, mas quem lê seus relatórios? Agora eles leem, porque, assim como na Palestina, o crime foi tão banalizado que se tornou apenas um assunto em alta nas redes sociais, e eles podem se vangloriar disso sem grandes consequências.

A Palestina é relevante, faz parte da mesma guerra, os algozes e seus cúmplices são os mesmos, compartilham também as mesmas circunstâncias: um Ocidente em decadência, o petróleo da região, as rotas do comércio mundial, a necessidade de demonstrar arbitrariedade e impunidade para ser credível, em suma, o poder imperial.

Há alguns anos, Atilio Boron, em uma conferência sobre o declínio da economia americana, explicou não apenas o declínio do Ocidente; ele também afirmou que os Estados Unidos poderiam manter seu atual modo de vida recolonizando a América Latina e o Caribe, ou seja, apropriando-se livremente de toda a riqueza, controlando o comércio e eliminando seus concorrentes naquela região, especialmente a China, consolidando-se como uma superpotência regional enquanto aguardam a recuperação de sua hegemonia global, algo que não abandonarão até seu colapso final.

A Venezuela já foi atacada; o resto da América Latina e do Caribe seguirá o mesmo caminho. O roteiro será o mesmo: criminalizar, isolar, destruir; uma fórmula de sucesso testada inúmeras vezes, mas que não se mostrou infalível, pois sempre houve resistências que a detiveram e derrotaram.

A resistência venezuelana sobreviveu ao assédio implacável dos Estados Unidos por mais de 25 anos, suportando golpes de Estado, protestos violentos, ataques terroristas, saques a seus bens, governos paralelos, bloqueios e cercos. Os Estados Unidos precisaram mobilizar uma frota inteira para sequestrar o presidente constitucional, Nicolás Maduro; fica a dúvida sobre o que será necessário para subjugar toda a Venezuela.

De uma perspectiva internacionalista, em defesa da soberania e independência de todos os povos, apelamos à mobilização e à unidade de todas as lutas para estender a resistência onde quer que ocorra qualquer intervenção imperialista.

Num mundo onde se reconhecem 50 conflitos armados, a América Latina e o Caribe declararam-se um território de paz em 2014, uma paz agora violada pelo império do norte. A paz não é passiva; deve ser nutrida, cuidada e protegida diariamente, e defendida quando atacada.

Exigimos a defesa das instituições venezuelanas, a legitimidade de seu presidente e a soberania de seu povo. Denunciamos o sequestro de seu presidente como um crime e elevamos nossas vozes para proclamar que a Venezuela não está sozinha.

Frente Internacionalista Anti-Imperialista, 4 de janeiro de 2026

Sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Declaração da FAI - Frente Internacionalista Anti-Imperialista.

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A Última Cartada do Bolsonarismo * Reynaldo Aragon

A Última Cartada do Bolsonarismo

Reynaldo Aragon

Eduardo Bolsonaro aposta na radicalização internacional para sabotar o Brasil soberano que desafia Trump, as Big Techs e o império digital. Mas a tarifa de Trump não é pelo clã — é contra a autonomia brasileira.

O pretexto e o alvo real.

Não é por Bolsonaro. Nunca foi. A tarifa de 50% imposta por Donald Trump sobre todas as importações brasileiras não é um gesto de solidariedade pessoal nem de lealdade ideológica. É um ataque estratégico. É o movimento inaugural de uma nova etapa da guerra híbrida declarada contra o Brasil, que tem como verdadeiro objetivo impedir a consolidação de um projeto nacional soberano em pleno século XXI.

A narrativa de retaliação pela “perseguição” ao ex-presidente e seus filhos é apenas a camada superficial do conflito. Serve para mobilizar a base radicalizada da extrema-direita, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mas não explica a profundidade geopolítica e econômica da ofensiva. A real motivação dessa escalada é outra — e bem mais estrutural: a crescente autonomia do Brasil na cena internacional, seu protagonismo no BRICS, sua aproximação com a China e o Sul Global, e a decisão política de avançar na regulação das plataformas digitais, desafiando o poder concentrado das Big Techs norte-americanas.

A eleição de Lula e a postura externa de seu governo — altiva, multilateral, e voltada para a reconstrução de alianças do hemisfério sul — ativaram os alarmes em Washington e no Vale do Silício. A retomada de uma política externa soberana e de políticas de enfrentamento à desinformação, à captura algorítmica e ao abuso das plataformas digitais representam, juntas, uma ameaça sistêmica à hegemonia norte-americana no campo econômico, cultural e informacional.

A resposta de Trump, embora apresentada como defesa da liberdade de expressão ou da “injustiça” cometida contra Bolsonaro, na verdade, é parte de uma engenharia de contenção. Uma forma de conter, pelo colapso tarifário e pelo caos simbólico, o avanço de um Brasil que ousa querer ser mais do que mercado: que quer ser ator, e não apenas território ocupado. O nome disso é guerra — uma guerra em que o bolsonarismo serve como cortina de fumaça e instrumento de desgaste, mas já não é protagonista da história.

A engrenagem da guerra híbrida: EUA, Big Techs e domínio digital.

A aliança entre o governo dos Estados Unidos e as Big Techs forma o núcleo duro do novo imperialismo — um imperialismo de dados, de plataformas e de controle cognitivo. O que está em curso no Brasil, portanto, não é apenas uma disputa comercial, mas uma operação articulada para reverter avanços que ameaçam esse poder.

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal de responsabilizar plataformas pelos conteúdos que divulgam e se recusam a moderar foi interpretada, em Washington e na Califórnia, como uma ruptura intolerável. O Brasil tornou-se o primeiro grande país do Ocidente a declarar que o espaço digital não é uma terra sem lei. A regulação, mesmo em estágio inicial, foi suficiente para acionar mecanismos de retaliação. Da mesma forma como o petróleo foi o estopim de guerras convencionais, a moderação de conteúdo e a responsabilização de plataformas se tornaram gatilhos para sanções econômicas e chantagem política.

Trump, ao alinhar sua retórica à defesa irrestrita das Big Techs, não apenas reafirma sua subordinação aos interesses do Vale do Silício como também instrumentaliza o caso brasileiro para enviar um recado global: qualquer nação que desafiar a supremacia digital norte-americana será punida. Não por meio de mísseis, mas por meio de tarifas, manipulação de mercados, desestabilização institucional e campanhas de desinformação internacional.

Esse processo é parte do que muitos já chamam de complexo civil-militar informacional — um aparato que funde a lógica de guerra do Pentágono com a arquitetura de dados das empresas privadas. As plataformas, longe de serem neutras, são agentes ativos na disputa por hegemonia. Elas moldam comportamentos, modulam afetos e operam como braços de um sistema de dominação silenciosa, mas eficaz. Quando o Brasil ameaça reverter essa lógica, torna-se alvo.

O governo Lula, ao insistir na regulação democrática do ambiente digital, tocou numa das feridas mais sensíveis do capitalismo contemporâneo. Não se trata apenas de legislar sobre fake news. Trata-se de afirmar que a soberania informacional é um direito do povo e uma condição para a existência de qualquer projeto nacional de longo prazo. O tarifaço, nesse contexto, deve ser lido como um ato de guerra: um sinal de que a autonomia digital passou a ser tratada como insurreição geopolítica.

O bolsonarismo como instrumento esgotado.

Durante quatro anos, o bolsonarismo foi o agente ideal para a execução da agenda imperial no Brasil. Entregou tudo o que lhe foi pedido: desmonte de políticas públicas, destruição da soberania ambiental, militarização do governo civil, privatizações de infraestrutura estratégica, paralisação de mecanismos de integração regional e — o mais importante — uma relação de completa subserviência à lógica das plataformas digitais e ao eixo geopolítico Washington-Silicon Valley.

Mas agora, fora do poder, essa aliança entra em crise. O bolsonarismo já não controla ministérios, nem embaixadas, nem orçamento. Não tem como romper com o BRICS, nem vetar a regulação da internet, nem entregar ativos nacionais. O que resta é sua utilidade residual: servir de massa de manobra, de gatilho narrativo, de bucha de canhão. Os filhos de Bolsonaro e seus aliados sabem disso. Eles não são mais os operadores da máquina — são apenas os provocadores que ainda têm algum valor simbólico enquanto conseguirem gerar instabilidade.

A reação histérica de Eduardo Bolsonaro — criticando o Itamaraty, ameaçando não voltar ao Brasil, apelando por sanções internacionais contra juízes brasileiros — não é apenas desespero. É cálculo. Ele sabe que Trump não vai salvar sua família. Mas aposta que, ao dobrar a aposta na radicalização, poderá criar um ambiente suficientemente caótico para interferir nas eleições de 2026. O exílio voluntário é transformado em narrativa messiânica. O golpismo fracassado vira martírio estratégico.

Esse movimento, porém, carrega uma contradição central: os EUA — e as Big Techs — não precisam mais do bolsonarismo para operarem seus interesses. O que eles querem é o enfraquecimento do governo Lula, seja com Eduardo, com Tarcísio, com o Centrão ou com um avatar novo. O bolsonarismo, nesse arranjo, tornou-se um problema tático. Ele é instável, ruidoso, exposto. A tática agora é usá-lo para romper o tecido institucional brasileiro e, quando não for mais funcional, abandoná-lo à própria sorte — como fizeram com tantos “aliados descartáveis” na história da geopolítica imperial.

O problema, para o Brasil, é que enquanto esse resíduo tóxico da extrema-direita continuar operando como força de sabotagem interna, a instabilidade será permanente. O bolsonarismo não governa, mas impede que o país governe. Não propõe, mas bloqueia. Seu papel hoje não é mais ser governo. É ser vírus.

Eduardo Bolsonaro e a aposta desesperada na escalada internacional.

Eduardo Bolsonaro não é ingênuo. Ele sabe que seu pai não será salvo por Trump. Sabe que a anistia não virá do Congresso e que o Supremo não recuará. Sabe que os Estados Unidos não moverão uma única engrenagem de seu complexo militar-jurídico-informacional por lealdade pessoal à família Bolsonaro. Mas mesmo diante desse diagnóstico, Eduardo dobra a aposta. E o faz não por convicção, mas por desespero estratégico.

Ao abandonar o Brasil e instalar-se no exterior como suposto “refugiado político”, Eduardo assume um novo papel: o de operador internacional de guerra cultural e sabotagem diplomática. Sua atuação passa a ser simbólica e estratégica — ele se converte em instrumento para acionar forças externas contra a institucionalidade brasileira. É isso que explica suas declarações recentes: o pedido para que Trump sancione juízes do STF, a ameaça de renunciar ao mandato, os ataques ao Itamaraty e até ao governador Tarcísio de Freitas. Eduardo não está apenas se defendendo — está tentando incendiar o cenário institucional brasileiro a partir de fora.

Essa estratégia carrega a lógica clássica da guerra híbrida: deslegitimar as instituições por dentro e por fora, forçar reações desproporcionais, desestabilizar alianças diplomáticas e apresentar o Brasil como uma “ditadura disfarçada” que precisa ser corrigida pelos “verdadeiros defensores da liberdade”. É a cartilha de Steve Bannon adaptada às condições de um país que ousou dizer não ao império.

Mas o que Eduardo ignora — ou finge ignorar — é que ele não é mais um protagonista necessário. O trumpismo tem outras prioridades. As Big Techs também. E se em algum momento ele for considerado um peso, será descartado com a mesma frieza com que o Departamento de Estado abandonou tantos outros agentes provocadores mundo afora. O exílio simbólico pode se transformar em exílio real. E a cruzada que hoje lhe rende manchetes poderá, em breve, render silêncio — ou prisão, se decidir voltar ao Brasil.

O cálculo de Eduardo é claro: ele não quer vencer dentro das regras. Ele quer destruir o tabuleiro. E sua aposta é que Trump o ajudará nisso — não por lealdade, mas porque a destruição do Brasil como projeto soberano interessa ao capital que Trump representa. A questão é: até onde Eduardo está disposto a ir para provocar essa ruptura? E o que ele arrasta junto consigo?

O empresariado brasileiro: rachaduras na base da direita.

Se Eduardo Bolsonaro joga no caos, o empresariado brasileiro joga no cálculo. E a conta, para quem tem investimentos, cadeia de produção e folha de pagamento, não fecha. A radicalização da extrema-direita, longe de representar estabilidade ou previsibilidade, virou um risco de negócio — um risco político, jurídico, diplomático e agora comercial. A tarifa de Trump acendeu o sinal vermelho nos gabinetes da FIESP, da CNI e dos fundos de investimento: apoiar aventureiros digitais pode sair caro.

A reação do setor produtivo não tem sido ruidosa, mas é visível. Empresários que até pouco tempo toleravam o bolsonarismo como um “mal necessário” para conter a esquerda já não escondem o incômodo. O tarifaço imposto por Trump, supostamente para “defender” Bolsonaro, prejudica exportações, encarece insumos e ameaça empregos. Mais do que isso: torna o Brasil um país imprevisível para o comércio internacional — e a instabilidade, como todo capitalista sabe, é o pior dos ambientes para o lucro.

Essa cisão explica o silêncio de boa parte da elite econômica diante das bravatas de Eduardo. Ninguém do setor financeiro, industrial ou do agronegócio de médio porte saiu em defesa da família Bolsonaro. Pelo contrário, há um movimento gradual de realinhamento com figuras como Tarcísio de Freitas, que encarnam o mesmo projeto de subordinação ao capital internacional, mas com uma estética mais polida, mais tecnocrática, mais vendável. Tarcísio fala inglês, usa terno sim e não pede golpe em live de domingo — e isso basta para parte da elite econômica que quer seguir entregando o país, mas sem ruído.

No entanto, essa aposta também carrega riscos. Tarcísio representa uma continuidade da lógica de submissão, da entrega, da alienação do que resta do Estado brasileiro. Seu projeto, embora mais silencioso, é igualmente hostil à soberania. Ele não repele o bolsonarismo: apenas o encapsula numa embalagem aceitável. É a ultradireita de gravata, o golpismo por dentro da norma, a captura neoliberal disfarçada de eficiência.

O empresariado brasileiro, nesse jogo, está dividido entre dois erros: a instabilidade alucinada dos Bolsonaro e a tecnocracia colonizada dos “liberais racionais”. Nenhum dos dois projetos serve ao país. Ambos respondem, em última instância, ao mesmo centro de comando: o capital estrangeiro, suas corporações e seus algoritmos.

BRICS, Sul Global e soberania digital: o que realmente está em jogo.

O tarifaço de Trump é o pavio visível; o barril de pólvora, porém, está nas transformações que o Brasil passou a liderar no eixo Sul Global. Desde que assumiu a presidência do BRICS em 2025, Brasília deu ao bloco um rumo claro: cooperação financeira em moedas locais, integração industrial entre América do Sul, África e Ásia e uma agenda de governança global centrada na redistribuição de poder hoje concentrado no FMI e no Conselho de Segurança da ONU. A Declaração do Rio de Janeiro, aprovada há poucos dias, coloca em texto corrido o que Washington sempre temeu: “fortalecer mecanismos de financiamento que reduzam a dependência do dólar” e “promover padrões regulatórios comuns para a economia digital”

É contra esse enunciado que a Casa Branca Dispara tarifas.

Trump reage porque os números já contam a história. Em 2003, os EUA absorviam quase um quarto das exportações brasileiras; hoje recebem 12%, enquanto a China saltou para 28%.

Cada ponto percentual que o Brasil desloca para o mercado asiático é uma fissura na arquitetura unipolar que sustenta o poder norte-americano. E não se trata apenas de soja ou minério: falamos de semicondutores produzidos em parceria com a Índia, cabos de dados submarinos conectando Fortaleza a Luanda, satélites geoestacionários cofinanciados pelo Novo Banco de Desenvolvimento. A tarifa, nesse jogo, não busca proteger empregos em Ohio; ela tenta conter a geometria de um mundo em que o Atlântico deixa de ser o meridiano definitivo do comércio e da cultura.

No plano doméstico, Lula apoiou outro movimento que irrita Silicon Valley: a responsabilização legal das plataformas digitais. Em 26 de junho, o Supremo Tribunal Federal declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, exigindo pronta remoção de conteúdos ilícitos e estabelecendo dever de cuidado algorítmico

A decisão converte o Brasil em laboratório jurídico para qualquer país que pretenda quebrar a imunidade das Big Techs. Se a sentença se consolidar, cria-se jurisprudência capaz de atravessar oceanos. A tarifa, portanto, é mensagem cifrada: “regulem e pagarão”.

A convergência de soberania econômica (BRICS) e soberania informacional (regulação das plataformas) compõe o coração estratégico do conflito. Ao articular-se com Pequim, Joanesburgo e New Delhi para monetizar comércio em moedas locais, o Brasil desafia o privilégio exorbitante do dólar. Ao impor barreiras jurídicas ao poder algorítmico, desafia a renda de monopólio dos conglomerados digitais que sustentam a máquina de inteligência dos EUA. Essa dupla audácia altera o centro de gravidade do sistema-mundo: já não basta controlar portos e minas — é preciso submeter cabos de fibra e leis de dados.

Trump, estrategista do choque, escolheu a arma tarifária porque é rápida, concentrada e fácil de vender a um eleitorado protegido por slogans nacionalistas. Mas o alvo real não está nos contêineres que deixam Santos; está no cabo óptico que liga Santos a Xiamen, nos pilotos de IA que rodam em nuvem brasileira sem intermediação da Califórnia, no estatuto jurídico que pode obrigar o Facebook a contratar moderadores em Recife ao invés de automatizar censura em Boston.

Por isso o conflito de 2025 é qualitativamente distinto das guerras tarifárias dos séculos passados. É disputa sobre quem define as regras do tráfego de bits, sobre quem captura excedentes cognitivos, sobre quem registra a contabilidade em qual moeda. E, nesse xadrez, o Brasil tornou-se, num mesmo lance, peça-chave e peça-alvo: se conseguir manter a rota BRICS e consolidar a regulação digital, abre precedente para todo o Sul Global; se recuar, reforça a tese de que nenhuma potência periférica pode ousar reformar o sistema sem sofrer retaliação exemplar.

Cenários até 2026: o confronto inevitável entre soberania e submissão.

Até outubro de 2026, o Brasil enfrentará uma encruzilhada histórica. O que está em jogo não é apenas a reeleição de um presidente ou a sobrevivência política de um grupo extremista. Está em jogo a possibilidade — talvez a última em décadas — de consolidar um projeto de país soberano em meio a uma ofensiva global coordenada que combina guerra comercial, sabotagem informacional e chantagem diplomática.

A máquina de guerra híbrida já está em operação. A tarifa de 50% imposta por Trump é apenas o início. Fontes próximas ao Departamento de Comércio dos EUA falam em ativar a seção 301 para iniciar investigações formais contra o Brasil por “restrições à liberdade de expressão e ao livre mercado digital” — linguagem fabricada sob medida para proteger os interesses das Big Techs. A Meta, o Google, a Amazon e o X, cada uma à sua maneira, vêm pressionando parlamentares brasileiros, ameaçando suspender serviços, alegando insegurança jurídica, enquanto injetam recursos em campanhas de desinformação e manipulação do debate público.

Nesse ambiente, o bolsonarismo seguirá operando como força de sabotagem. Sem poder institucional, funcionará como milícia digital, como rede paralela de influência e como elo informal entre os interesses do trumpismo, da extrema-direita europeia e dos grupos que operam nas sombras do capital financeiro e tecnológico. Não se trata de disputar eleições para vencer — trata-se de inviabilizar o processo eleitoral, esgarçar a credibilidade das instituições, plantar a dúvida, esticar a corda.

A aposta de Eduardo Bolsonaro é clara: transformar 2026 em um plebiscito entre “a ditadura do STF” e “a liberdade”, entre “o comunismo do BRICS” e “o Ocidente cristão”, entre “a censura petista” e “a verdade do povo”. Trata-se de um roteiro pronto para ser executado em plataformas controladas por interesses estrangeiros, operado com inteligência artificial generativa, redes de bots, influenciadores pagos e o apoio silencioso — mas ativo — de think tanks, fundações e setores do próprio empresariado internacional.

Mas essa narrativa não encontrará terreno fértil com a mesma facilidade de 2018. O cenário mudou. A pandemia desnudou o custo da irresponsabilidade. O 8 de janeiro revelou os limites do golpismo. E o tarifaço de Trump expôs a fratura entre os interesses do povo brasileiro e os da extrema-direita internacional. O empresariado está dividido. O eleitorado está mais desconfiado. E o campo democrático aprendeu a reconhecer que as eleições já não são apenas disputa de votos — são guerra de percepção.

Do lado do governo, o desafio é enorme: manter a estabilidade institucional, ampliar a frente de defesa da soberania, comunicar com clareza o que está em jogo e resistir à tentação de responder no mesmo tom da provocação. Lula sabe que não basta vencer. É preciso vencer com legitimidade inquestionável, com mobilização popular, com articulação internacional — e com um novo pacto nacional que não inclua golpistas nem neoliberais envernizados.

Se o Brasil resistir até 2026, terá vencido não apenas uma eleição, mas uma guerra. Uma guerra contra o projeto de recolonização digital e financeira, contra a tentativa de transformar o país numa filial algorítmica da política externa norte-americana. E essa vitória — se acontecer — não será de Lula apenas, mas do povo brasileiro e de todas as nações que ousam desafiar a ordem imperial.

A hora de nomear a guerra e decidir o lado da História.

A tarifa de Trump não é sobre Bolsonaro. É sobre o Brasil. É sobre impedir que um país do Sul Global alcance maturidade geopolítica, autonomia digital e protagonismo internacional fora da órbita imperial. Bolsonaro é apenas o biombo — uma figura útil enquanto servia para desmontar o Estado por dentro, hoje reciclada como peça de agitação simbólica na guerra informacional travada contra a soberania.

Estamos diante de uma operação coordenada que articula governo dos Estados Unidos, Big Techs e setores do capital financeiro internacional para reverter um ciclo que ameaça escapar do controle do centro. O Brasil do BRICS, da regulação digital, das parcerias sul-sul, da desdolarização e da reconstrução do Estado não pode ser permitido. Não porque seja radical — mas porque é exemplo.

Nesse contexto, o bolsonarismo é o vírus e o vetor, mas não é o cérebro. É o agente do caos, mas não o autor da ofensiva. Eduardo sabe disso. Por isso radicaliza. Por isso se exila. Porque o que está em disputa não é mais o destino de sua família, mas o futuro da própria arquitetura de poder que sua família serviu. E se ele tiver que incendiar o país para voltar ao jogo, ele o fará.

Do outro lado, o Brasil tem uma chance histórica. Mas não pode errar a leitura. O que se desenha até 2026 não é apenas uma eleição. É um campo de batalha entre dois projetos antagônicos: soberania ou submissão. Multipolaridade ou dependência. Civilização ou colônia digital.

É preciso nomear a guerra. E é preciso decidir, sem ambiguidade, de que lado da História o Brasil quer estar. Não haverá mais neutralidade possível. A guerra já começou — e ela não é pelo Bolsonaro. Ela é contra o Brasil.

Reynaldo Aragon é jornalista especializado em geopolítica da informação e da tecnologia, com foco nas relações entre tecnologia, cognição e comportamento. É pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos em Comunicação, Cognição e Computação (NEECCC – INCT DSI) e integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberania Informacional (INCT DSI), onde investiga os impactos da tecnopolítica sobre os processos cognitivos e as dinâmicas sociais no Sul Global.

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STF ESTÁ REVISANDO A ANISTIA * Cezar Xavier/Portal Vermelho

STF ESTÁ REVISANDO A ANISTIA

Cezar Xavier, do portal 

Vermelho

STF debate validade da Anistia em crimes da ditadura, como ocultação de cadáver.

Ministro Flávio Dino propõe tese de que o desaparecimento forçado – em casos como na Guerrilha do Araguaia – é crime permanente. Historiador Romualdo Pessoa analisa os impactos do julgamento.

O ministro Flávio Dino, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou em dezembro a tese de que o crime de ocultação de cadáver, como ocorreu em casos de desaparecimento de militantes na Guerrilha do Araguaia, é um delito permanente que não pode ser perdoado pela Lei de Anistia de 1979. O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, na terça-feira (11), para decidir que a Corte vai analisar se a aplicação da Lei da Anistia ao crime de ocultação de cadáver no período da ditadura militar é constitucional.

“O sumiço dos corpos, sem que as famílias possam sepultá-los dignamente, configura uma dor irreparável e um crime que transcende o tempo”, afirmou Dino, defendendo que tais condutas devem ser excluídas dos benefícios da anistia.

O caso em questão surge a partir de um recurso do Ministério Público Federal, que busca a condenação dos militares Lício Maciel e Sebastião Curió – o Major Curió, que faleceu em 2022 – por crimes cometidos durante a Guerrilha do Araguaia. O MPF argumenta que, embora esses crimes tenham início durante a ditadura militar, seus efeitos permanecem vivos, causando sofrimento contínuo às famílias dos desaparecidos.

Repercussão geral e os ecos da ditadura

A discussão sobre a aplicação da Lei de Anistia a crimes que se estendem até os dias atuais ganhou força após a maioria dos ministros – entre eles Flávio Dino, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Alexandre de Moraes – reconhecer a existência de matéria constitucional com repercussão geral. Essa decisão, se confirmada, terá efeito vinculante em casos semelhantes por todo o país, abrindo caminho para uma reavaliação dos limites da anistia em contextos de crimes permanentes.

Casos emblemáticos, como o desaparecimento de militantes na Guerrilha do Araguaia e a não localização do corpo do ex-deputado Rubens Paiva, continuam a simbolizar a dor de famílias que jamais puderam realizar um sepultamento digno. O impacto emocional e social desses eventos, exemplificado pelo filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, reforça a necessidade de se repensar os benefícios da Lei de Anistia.

História em movimento

O historiador Romualdo Pessoa Campos Filho, autor de livros sobre a Guerrilha do Araguaia, avaliou a relevância da decisão do STF. Em entrevista ao Portal Vermelho, ele destacou que o crime de ocultação de cadáver não perde sua validade com o passar do tempo e que a própria história está em constante movimento.

Romualdo Pessoa Campos Filho, historiador

“Isso não fecha a história, ela permanece aberta. A falta de resposta sobre o destino desses corpos é um crime que persiste e continua a afetar as famílias há mais de quatro décadas”, afirmou Romualdo.

Ele comparou a situação com a tragédia de Mariana, onde a busca pelos corpos perdurou mesmo anos após o desastre.

“Se os corpos fossem entregues às famílias, a comprovação seria clara. Mas o desaparecimento intencional e o acobertamento – com relatos de execuções frias, torturas e até queima de restos mortais – foram estratégias para ocultar a violência. Isso não pode ser ignorado nem perdoado”, completou o historiador.

Romualdo também ressaltou que decisões judiciais anteriores, como aquelas promovidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e por procuradores de São Paulo, sempre demonstraram a necessidade de se retomar as investigações sobre esses crimes.

“Uma decisão do STF, mesmo que não resolva definitivamente a questão, reabrirá o debate e pressionará o Estado a prestar contas, garantindo que as famílias tenham o direito de encontrar e sepultar seus entes queridos”, enfatizou.

Ele ainda apontou que, historicamente, o desaparecimento forçado é reconhecido internacionalmente como um dos crimes mais graves, justamente por impedir que se confirme o que o Estado autoritário fez com as vítimas.

“Não se pode encerrar uma investigação se o corpo da vítima não for encontrado. Isso é uma marca indelével dos regimes autoritários e deve ser objeto de punição, para que não se repita”, concluiu Romualdo.

O desafio de revisitar a Anistia

A análise do STF se concentrará inicialmente na existência de repercussão geral, sem adentrar imediatamente no mérito da questão. Se reconhecida a relevância constitucional, o tribunal poderá rever a extensão da Lei de Anistia, questionando se crimes que continuam a causar dor – como a ocultação de cadáver – devem ser abrangidos pela legislação que concedeu perdão a delitos políticos entre 1961 e 1979.

Além do recurso envolvendo os militares da Guerrilha do Araguaia, o Ministério Público Federal busca que o STF revise a aplicação da anistia em processos relacionados à morte do ex-deputado Rubens Paiva, cujos restos nunca foram localizados, como tantos outros.

Expectativas e impactos futuros

Com a conclusão do julgamento prevista para sexta-feira (14), o país aguarda uma decisão que poderá redefinir os limites da impunidade para crimes cometidos durante o período da ditadura militar.

O resultado deste julgamento tem implicações profundas não só para a memória e os direitos das vítimas, mas também para a forma como o Brasil confronta seu passado autoritário e busca justiça e reparação.

A expectativa é que, ao reabrir a discussão sobre a validade da Lei de Anistia para crimes permanentes, o STF force o Estado a agir de maneira mais transparente e a dar respostas às famílias que, há décadas, aguardam a localização e o sepultamento de seus entes.

Esta decisão pode marcar um ponto de inflexão na história brasileira, reafirmando a importância de revisitar e corrigir os legados de um passado de violência e repressão.

Leia os principais trechos da entrevista com o historiador Romualdo Pessoa Campos Filho, autor de Guerrilha Do Araguaia A Esquerda Em Armas e Araguaia. Depois da Guerrilha, Outra Guerra:

Vermelho: Estamos acompanhando este julgamento no STF, em que o ministro Flávio Dino propôs essa tese dos crimes contínuos da ditadura, como a ocultação de cadáver. Sabendo que você acompanhou de perto a trajetória do pós-guerrilha da Araguaia, que repercussão uma decisão dessa pode ter?

Romualdo Pessoa Filho: Olha, César, essa questão já vinha sendo debatida por alguns procuradores de São Paulo. O crime de ocultação de cadáver não perde sua validade, é algo que permanece. Em termos históricos, a história nunca se fecha; ela está em constante movimento justamente pela falta de resposta sobre o destino desses corpos. Eu costumo comparar com a tragédia de Mariana, onde mais de 200 pessoas morreram e, dois anos depois, ainda se busca os restos mortais. Se, por exemplo, o penúltimo corpo foi encontrado recentemente, por que se recusa a indicar os locais onde foram depositados? Isso perpetua a angústia das famílias por mais de quatro décadas.

Já houve decisão judicial pedindo que o Exército liberasse arquivos sobre esses casos, mas nada foi cumprido. Você acha que, com um resultado positivo nesta sexta-feira, a maioria que está se formando no STF, algo vai mudar?

Não, mas… nunca foi pelo STF. Sempre foi tratado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por uma juíza de Brasília – se não me engano, a doutora Solange Salgado – e por alguns trabalhos de procuradores de São Paulo. Essas questões sempre ficaram retidas no STF, sem discussão ampla. Acho que se o STF decidir agora, pelo menos reabrirá essa discussão e pressionará o próprio Estado a dar respostas.

Então, não significa uma solução, mas sim uma reabertura das investigações, certo?

Exatamente. Houve até uma tentativa de apagamento durante o governo Bolsonaro, e agora o governo Lula reconstituiu a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Essa decisão do STF é importante, pois já há reação no meio militar; alguns veem isso como revanchismo. Mas, se temos um crime não solucionado, a busca pela justiça exige que os corpos sejam entregues às famílias. É, afinal, uma questão de justiça e da própria história – uma ferida que permanece aberta.

Parece que esse tipo de crime, a ocultação de cadáver ou o desaparecimento forçado, é considerado internacionalmente como um dos mais graves, pois é uma prática típica de regimes autoritários. Você concorda?

Sim, exatamente. Não se pode encerrar uma investigação se o corpo da vítima não é encontrado. Em casos de sequestro e execução, é natural buscar onde esses cadáveres foram escondidos. Do ponto de vista histórico, essa decisão é não só natural, mas já bastante tardia. É uma questão que nunca se fecha, e, para a história, é fundamental que isso aconteça.

Romualdo, que diferença faria se a ditadura tivesse matado essas pessoas e liberado os corpos para as famílias? Isso impactaria o processo de anistia?

Bom, se os corpos fossem entregues, a comprovação seria mais objetiva e clara. Poderiam ser exumados e verificada a forma das execuções. E é justamente por isso que os corpos não são entregues: para mascarar os fatos.

Então, o desaparecimento dos corpos serve para dizer que não houve violência, certo?

Isso mesmo. Eles desapareceram, muitos foram executados com tiros na nuca, torturados. Há depoimentos de ex-soldados, como o relato da execução de Valquiria, a última guerrilheira presa, que foi morta friamente. Esses corpos foram sumidos, levados para a Serra das Andorinhas ou queimados, muitas vezes envoltos em pneus, exatamente para não deixar marcas. Essa decisão do STF pode reabrir todas essas questões.

E quanto ao filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que trata desses desaparecimentos – como ele influencia a conceituação da Lei de Anistia após um julgamento como esse? A atriz Fernanda Torres tem denunciado o fato da Lei da Anistia ter sido elaborada pelos próprios perpetradores dos crimes.

São situações diferentes. O crime de sequestro e execução não pode ser acobertado pela Lei de Anistia, que foi feita para proteger os executores. Tudo vai passar pelo crivo das decisões judiciais, mas depende da pressão das famílias e da sociedade organizada para que esses executores sejam punidos. Caso contrário, eles poderão sempre justificar suas ações, inclusive exigindo proteção legal. O filme já chama atenção para isto ao reabrir a discussão, e uma decisão do STF reforçaria a necessidade de revisão dessa lei.

Esse julgamento pode gerar repercussões futuras, criando um receio de como o Estado possa praticar esses crimes?

Sim, certamente. Uma decisão do STF nesse momento vai reabrir toda a discussão. O filme já fez isso de certa maneira, e o STF agora reforça a questão. Além disso, é importante que a juventude, que muitas vezes sofre um apagamento histórico, conheça verdadeiramente nossa história. Precisamos que as feridas sejam reabertas para que as novas gerações entendam as injustiças cometidas e lutem para que isso não se repita.

Por fim, Romualdo, que diferença faria se os corpos tivessem sido entregues às famílias? Isso mudaria o julgamento da anistia?

Sim, haveria uma diferença crucial. Se os corpos fossem entregues, a evidência da execução seria mais objetiva, permitindo uma comprovação clara dos fatos. A entrega dos corpos traria uma dimensão palpável da violência e eliminaria a possibilidade de se argumentar que os desaparecimentos não ocorreram. É exatamente essa recusa em entregar os corpos que perpetua a impunidade e a dor das famílias.

Nubank, uma articulação que apoia a extrema direita brasileira * Sindicato dos Bancários de Brasília-DF

Nubank, uma articulação que apoia a extrema direita brasileira

As instituições bancárias servem aos interesses do grande capital, como é o caso da fintech, o Nubank, que busca preservar a estrutura social, evitando que as classes trabalhadoras adquiram a necessária consciência histórica de classe. São inúmeros os instrumentos utilizados pela classe dominante para manter a alienação e ignorância política das classes trabalhadoras, sendo as financeiras instrumentos que apoiam a extrema direita, que busca manter o status quo e garantir a alienação do povo.

Alguns dirigentes do Nubank têm circulado opiniões e replicado as produções da Brasil Paralelo, em claro apoio a propagação da extrema direita. O apoio ao Brasil Paralelo, um dos pilares de circulação da intensa propaganda de mentiras, ódio e desinformação, fundamentados na manipulação da história, negacionismo, defesa do status quo, manipulação das conquistas e lutas das classes trabalhadores, que sustentam o racismo, machismo, misoginia, xenofobia e violência é uma das causas dos retrocessos que a sociedade enfrenta. O Nubank ao apoiar o Brasil Paralelo atua contra quem questiona às injustiças sociais ou luta por direitos, pela dignidade humana e contra o poder econômico, que se utiliza do fascismo – a vanguarda da violência contra a classe trabalhadora, sendo parte dos propagadores das ideias da extrema direita e sustentadores das desigualdades impostas pelo Mercado.

Uma da fundadoras do Nubank, Cristina Junqueira, conforme matéria divulgada pela revista Veja, afirmou sua concepção racista durante entrevista no Programa Roda Viva, da TV Cultura, disse que a fintech “não podia nivelar por baixo no momento da contratação de negros”, assim mostrou publicamente a linha de contratações da startup. A declaração racista foi dita em outubro de 2020. Se não bastasse, Junqueira divulgou em sua conta no Instagram, como mostrou o site Intercept, um evento da produtora Brasil Paralelo. As posições em apoio a extrema direita não param por aí. Foram publicadas notas da direção do Nubank dizendo que erraram, mas em nenhum momento negaram o que a cofundadora do Nubank afirmou. David Velez, um dos três fundadores do Nubank, circulou uma nota para os funcionários da empresa em defesa de Junqueira, disse na nota que há uma campanha contra quem “promove pontos de vista diferentes”. Segue a mesma linha do Brasil Paralelo, manipula os fatos sobre quem propaga o negacionismo e discursos de mentira e ódio.

As posições reacionárias e de extrema direita relacionadas à política do Nubank não começaram por aí. Em 2016, o engenheiro de software do Nubank, Konrad Scorciapino, fez publicações xenofóbicas nas redes sociais, escreveu: “A Dinamarca tem um problema de estupro. O problema do estupro é causado por diversidade. #DiversidadeÉEstupro”. O Nubank tentou esconder e acobertou o seu engenheiro de software, que, após a publicação ainda continuou por dois anos na financeira. Scorciapino saiu do banco e se tornou dirigente do Brasil Paralelo, onde segue como um dos diretores. Importante ressaltar que o grupo gasta em torno de R$ 26,6 milhões com anúncios. É o que “mais gasta com publicidade em redes sociais do Meta (bem mais que o governo federal) e no Google”, aponta o Brasil de Fato.

A história da ligação de Scorciapino com a extrema direita é bem anterior. A matéria do Brasil do Fato mostrou que ele foi um dos fundadores do site 55chan, período em que era chamado de “herói” e dito por seus seguidores que “revolucionou a vida de várias pessoas”. O chan ficou conhecido do público devido a grande quantidade de conteúdo que se enquadra como criminoso no Código Penal. Quando cinco alunos e duas funcionárias foram assassinados, em março de 2019, em uma escola em Suzano (SP), a plataforma publicou “louvações aos atiradores, lamentando que não mataram mais, e colocou para tocar automaticamente no site uma música sobre um jovem que atira em colegas – Pumped Up Kicks, da banda Foster The People”. Durante o período de Scorciapino no chan divulgaram fotos manipuladas de uma das filhas da deputada Maria do Rosário (PT-RS), além de permanente difamação de quem eles apontam como inimigos. “Por isso os chans são frequentemente utilizados como espaços para planejamento de ataques na vida real, como aconteceu em Suzano, em São Paulo, e Christchurch, na Nova Zelândia, e em tantos outros episódios de tiroteios em massa.”

O Nubank, mesmo com todas essas informações públicas, tentou esconder a prática criminosa do seu engenheiro de software. Scorciapino ficou até 2018, período em que era conhecido como o “Santo K”.

A postura do Nubank esconde seus verdadeiros compromissos

Com a propagação crescente de denúncias da relação dos dirigentes do Nubank com estruturas da extrema direita, a direção tentou esconder ou tergiversou sobre os atos praticados pela cofundadora, Cristina Junqueira, e seu ex-engenheiro de software, Scorciapino. Isso provocou uma debandada de clientes cancelando suas contas no banco. A nota divulgada por Davi Veléz aos funcionários diz que é preciso revisar as políticas de comunicação, chegou a dizer que a empresa está em “modo de crise ativado, ao mesmo tempo que saiu em defesa de Cristina Junqueira.

Vélez minimizou o post pró-Brasil Paralelo compartilhado por Junqueira, alegou a importância da pluralidade de ideias e liberdade de opinião, “ideias ruins são combatidas com ideias melhores, não com censura ou intolerância”. Para Velez vale combater a verdade dos fatos com a propagação de mentiras, segundo ele “ideias melhores”, isso significa combater a realidade com a difusão de inverdades, ou seja, um discurso paralelo à realidade, a especialidade dos propagadores de fakenews e do negacionismo. Este é o papel do Brasil Paralelo, uma fábrica de propaganda política e ideológica contra os progressos da sociedade e as conquistas da classe trabalhadora, um instrumento que atua para formar um pensamento antiprogressista, de negação de direitos e da diversidade da sociedade brasileira.

O Nubank em 11 anos conseguiu fazer seu capital crescer de forma vertiginosa, utilizando-se da tecnologia para ter ganhos, aplicando taxas de juros estratosféricas, praticando verdadeira agiotagem, o que tem levado milhares de correntistas a buscar auxílio jurídico contra a financeira e o apoio de órgãos de proteção ao cliente. As ações, como mostrado pela advogada Michele Rodrigues crescem, com o aumento de ações judiciais, denunciando o que vai além da permanente prática da usura e agiotagem. O Nubank tem sido parceiro de setores mais atrasados e agressivos contra os trabalhadores, negros e mulheres, com seus diretores reforçando a difusão das mentiras e sustentação do fascismo, como faz o Brasil Paralelo. É preciso ficar atento, acompanhar o que ocorre e esperar que o Estado brasileiro atue para barrar esses crimes de difusão do ódio e intolerância, além de punir a prática ilegal da agiotagem.

Michele Rodrigues alerta que a enorme quantidade de ações contra o Nubank “está prejudicando a tramitação de processos no Poder Judiciário, o que poderia ser evitado pelo Banco Central, caso baixasse uma normativa para disciplinar o banco, impondo regras claras para evitar o abuso contra os clientes, também caberia multas com valores elevados, o que evitaria tantas irregularidades”. A imensa maioria das ações que foram julgadas tem condenado o banco a ressarcir os clientes lesados.

Ivan Amarante, diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília, diz que “em novos tempos, a avaliação de uma empresa vai além do desempenho econômico. A forma como a empresa realiza suas atividades, suas escolhas de investimentos e as maneiras de divulgação revelam seu verdadeiro objetivo”. Continuando diz que, “no caso do Nubank, observamos que suas escolhas servem a grupos não democráticos e a veículos de disseminação de fakenews. Por isso, é fundamental que as pessoas avaliem a empresa como um todo, considerando suas ações e seus valores, e se perguntem: “É esse tipo de empresa que eu quero apoiar e com a qual quero me associar?”

Não à toa, milhares de pessoas tem cancelado suas contas no Nubank, depois da postagem de Cristina Junqueira, uma resposta concreta à política de agiotagem e de apoio aos setores mais reacionários e retrógrados da sociedade brasileira representado pelo Brasil Paralelo.

CONFERINDO...

Nubank, uma articulação que apoia a extrema direita brasileira | Bancários DF

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OS CÓDIGOS DO BOLSONARISMO * Hudson/SP

OS CÓDIGOS DO BOLSONARISMO

O bolsonarismo como aliado do nazifascismo ortodoxal ou do neofascismo contemporâneo constitue a face mais cruel do obscurantismo, hoje, no Brasil. 

EXTREMISMO CARA-DURA

Por isso, há tanto fanatismo relígio político e ideológico e tanta desinformação, em nosso país, perpetrados por uma soma avultosa de ignorância intelectual , que despolitiza e aliena uma parcela considerável da população brasileira que se autointitula de 'bolsonarista ou seguidores de Bolsonaro, seu líder', e que a remete ao mais profundo ostracismo da realidade factual e histórica, ou seja, a uma realidade paralela, mítica e sem rumos, onde a fantasia mental, a religiosidade exarcerbada e as fake news são para essa sociedade seus 'códigos da verdade' (ainda que sofismáveis) e suas 'fontes de (des)informação', aos quais se apegam para construir suas visões de mundo, tanto do concreto como do subjetivo, seus conceitos, consciência social e dogmas.

 Vale ressaltar, que sua cosmovisão vem sempre acompanhada pela leitura de fatos reais alijados (isolados) de seus contextos ou distorcidos; por que os códigos desse segmento da nossa sociedade não se assemelham aos códigos da verdade, da sensatez, da lucidez e da reflexão, que servem de estrutura para análise e compreensão minimamente plausível da realidade factível, da história e da vida. Para esse segmento social, seus códigos e sua percepção de mundo não cabem na contemporaneidade ou na existencialidade da vida cotidiana real - pois vivem em um mundo abstrato, paralelo, com muito pouco ou nenhum grau de realidade. Lamento, bolsomínions!!*

A pauta insana do bolsonarismo inviabiliza o Brasil * Marcos Verlaine/DIAP

A pauta insana do bolsonarismo inviabiliza o Brasil

Marcos Verlaine*

Marcos Verlaine: A pauta insana do bolsonarismo inviabiliza o Brasil - DIAP - Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar

Nestas últimas 4 semanas, o Brasil foi sacudido por notícias e fatos originários do Congresso Nacional, em particular, produzidos pelos parlamentares bolsonaristas. É a chamada pauta da extrema-direita ou agenda “ideológica” — a agenda bolsonarista —, que divide o País e dá saltos para trás, no sentido civilizatório.

Por trás dessa “pauta ensandecida” do bolsonarismo, que funciona como “cortina de fumaça”, outros temas mais relevantes para o Brasil vão passando incólumes, isto é, sem que se faça debate mais acurado, no Parlamento e na sociedade.

Pelo menos 7 proposições surgiram meio que “de repente” na agenda do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado: “PEC das Praias”, “PL do Estuprador” — estas, talvez, as mais escandalosas —, PEC do Trabalho Infantil e a que aumenta o número de ministros do STF. E também a dos PL das “saidinhas”, do fim da delação premiada e da criminalização de fake news.

Enquanto isso, em meio à convulsão que essas pautas e debates têm provocado, foi aprovado, sem alardes, há 2 semanas pela Câmara dos Deputados, o PLP (Projeto de Lei Complementar) 459/17, do ex-senador tucano José Serra (SP), que securitiza a dívida pública. Este, que desvia recursos do Orçamento Público, sequer teve a audiência que merecia.

O projeto vai à sanção presidencial. Esta pauta é do chamado mercado, que não faz marola, não tampouco chama para si atenção desnecessária.

Essas pautas chamadas “ideológicas” têm servido como “cortina de fumaça” para passar incólume proposições como esta da securitização da dívida pública. Há anos denunciada pela ACD (Auditoria Cidadã da Dívida).

O discurso — do bolsonarismo dentro e fora do Parlamento —, nas redes e nas ruas, que ancora essas pautas, tem como pano de fundo o combate ao comunismo (pasmem!), a proteção da família, da liberdade e do País.1 Vamos às pautas.

Ao dar aval à essas pautas e permitir que sigam à frente, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) quer viabilizar a candidatura que ele apoia à sucessão dele na presidência da Casa, o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA), com os parlamentares bolsonaristas, sobretudo os das chamadas bancadas evangélica, da bala (segurança pública) e do agro (ruralistas).

‘PEC das Praias’
Trata-se da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 39, do ex-deputado Arnaldo Jordy (Cidadania-PA), em tramitação desde 2011, que foi aprovada pela Câmara, em fevereiro de 2022. Encaminhada ao Senado, recebeu o número de PEC 3/22.

A proposta ganhou visibilidade depois de audiência pública realizada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, em 27 de maio2, onde é relatada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que defende o texto.

Grosso modo, a PEC transfere o domínio de determinadas áreas definidas como terrenos de marinha, que pertencem atualmente à União, aos estados, municípios, foreiros, ocupantes regularmente inscritos nos órgãos de gestão de patrimônio da União, bem como ocupantes não inscritos, desde que cumpridos certos requisitos.

Na matéria “Centenas de políticos seriam beneficiados com PEC que privatiza praias”3, inclusive o relator, Flávio Bolsonaro, que é fiel depositário da Ilha da Boa Viagem4, o jornal GGN faz grave denúncia.

‘PL do Estuprador’
O PL (Projeto de Lei) 1.904/24, que equipara o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio, do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), e outros 32 deputados, prevê pena muito mais dura à mulher que fizer o procedimento, hoje protegido por lei, do que para o estuprador.

Sob o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o projeto teve urgência aprovada em votação simbólica, na última quarta-feira (12), no plenário da Câmara. O projeto tem 90% de rejeição nas redes sociais, afirma Pedro Barciela, analista das plataformas digitais e colunista do ICL Notícias.5

PEC do Trabalho Infantil
No último dia 5, foi apresentado na CCJ da Câmara parecer favorável6, do deputado Gilson Marques (Novo-SC), relator da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 18/11, que autoriza o trabalho em tempo parcial a partir dos 14 anos de idade. A proposta é do deputado Dilceu Sperafico (PP-PR).

O relator, argumenta no parecer, que o desemprego e a ociosidade de jovens nessa faixa etária podem levar ao “envolvimento com o crime e ao trabalho informal”.

Pela Constituição de 1988, pessoas com idades entre 14 e 15 anos só podem trabalhar na condição de aprendizes. A OIT (Organização Internacional do Trabalho), na Convenção 138, estabelece que a idade mínima para a admissão no emprego não fosse inferior ao fim da escolaridade obrigatória, nem inferior a 15 anos.

Ampliação do número de ministros do STF
Apresentada há 11 anos na Câmara dos Deputados, a PEC 275/13, que transforma o STF (Supremo Tribunal Federal) em “Corte Constitucional” e aumenta o número de ministros do tribunal teve parecer pela admissibilidade apresentado na CCJ.7

Distribuída ao relator, deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), conhecido como “príncipe”, dia 5, 2 dias depois, à “toque de caixa”, teve parecer pela admissibilidade oferecido ao colegiado.

A extrema-direita, pelo mundo afora, tem tentado ou conseguido emparedar a democracia e o Estado de Direito por meio da ampliação do número de ministros das cortes supremas.8

PL das ‘saidinhas’
A Câmara aprovou, em março, a proposta — PL 2.253/22 —, que restringe a saída temporária de presos — a chamada “saidinha”. Segundo o texto aprovado pela Casa, esse benefício seria concedido aos detentos em regime semiaberto apenas se fosse para cursar supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior.

Em abril, o presidente Lula sancionou, com veto ao projeto, transformando-o na Lei 14.843/24. Esse foi sugerido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

No final de maio, dia 28, o Congresso derrubou, por 314 votos a 126, e 2 abstenções, o veto presidencial.9

As saídas temporárias, regulamentadas pela Lei de Execução Penal, são concedidas, exclusivamente, a detentos do regime semiaberto que já tenham cumprido 1/6 da pena total e tenham bom comportamento.

Obtenção do “benefício”
Hoje, de acordo com os últimos dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Brasil tem 118.328 presos em regime semiaberto, mas nem todos estão aptos à saída temporária. Para obter o “benefício”, o condenado precisa preencher requisitos estabelecidos na legislação, que serão analisados pelo juiz da execução penal.

Além disso, a medida não pode ser deferida se o preso não tiver endereço fixo de pernoite e se não houver mínimas garantias de retorno ao presídio ao término do período concedido.

Até o ano passado, o Brasil tinha 650.822 presos e 201.188 condenados cumprindo prisão domiciliar.

Fim da delação premiada
A urgência para o PL 4.372/16 foi aprovada, na última quarta-feira (13), na Câmara dos Deputados em votação simbólica, ou seja, quando os parlamentares não precisam registrar o voto no painel eletrônico.

Pelo PL, fica proibido que pessoas presas façam delação premiada, e se aprovado e transformado em lei, vai prejudicar as investigações policiais, podendo favorecer às organizações criminosas, segundo avaliação de especialistas. A oposição bolsonarista quer favorecer, além do ex-presidente, outros implicados em crimes cometidos durante a gestão do ex-chefe do Executivo.

Não fosse a delação premiada, instituída pela Lei 13.964/19, é provável que jamais a polícia teria desvendado o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSol-RJ) e do motorista dela, Anderson Gomes, ocorrido em 14 de março de 2018.

Criminalização de fake news
Em votação dia 28 de maio, o Congresso manteve o veto — VET 46/21 — do então presidente Jair Bolsonaro (PL) ao projeto — PL 2.462/91, na CD, e PL 2.108/21, no SF, Casa revisora —, que criminalizava a disseminação de notícias falsas para desacreditar o processo eleitoral.10

Portanto, foi mantido na Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, o dispositivo.

Foram 317 votos pela manutenção, 139 contrários e 4 abstenções na votação na Câmara. Como foi mantido pelos deputados, o veto não foi submetido à votação dos senadores.

A tipificação de crimes contra o Estado Democrático de Direto estava prevista no PL 2.108/21, que redundou na Lei 14.197, e revogou a Lei de Segurança Nacional — Lei 7.170/83.

Entre outros pontos, o texto vetado estabelecia até 5 anos de reclusão para quem cometesse o crime de “comunicação enganosa em massa”, definido como a promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa para disseminar fatos inverídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral.

Securitização de créditos públicos
Passou sem nenhuma repercussão negativa, em meio à insanidade que representa essa pauta bolsonarista, o PLP (Projeto de Lei Complementar) 459/17, do ex-senador tucano José Serra (SP), que securitiza a dívida pública. O texto foi chancelado com 384 votos favoráveis e apenas 59 contrários11. E agora vai à sanção presidencial.

Essa securitização é espécie de venda com deságio dos direitos de receber dívida, tributária ou não. O PLP 459 prevê que a operação de venda da dívida ao setor privado será considerada operação de venda definitiva de patrimônio público e não operação de crédito.

Recentemente, os representantes da ACD (Auditoria Cidadã da Dívida), em movimentação na Câmara contra o projeto, alertaram que o “esquema chamado de ‘Securitização de Créditos Públicos’, que é ilegal e inconstitucional, já está sendo praticado no Brasil, em municípios como Belo Horizonte.”

(*) Jornalista, analista político e assessor parlamentar do Diap

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1 A agenda conservadora no Congresso - https://www.diap.org.br/index.php/noticias/artigos/91853-a-agenda-conservadora-no-congresso

2 Especialistas apontam riscos da PEC da transferência de terrenos de marinha - https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/05/27/especialistas-apontam-riscos-da-pec-da-transferencia-de-terrenos-de-marinha - Acesso em 16.06

3 Centenas de políticos seriam beneficiados com PEC que privatiza praias - https://jornalggn.com.br/politica/centenas-de-politicos-seriam-beneficiados-com-pec-que-privatiza-praias/ - Acesso em 16.06

4 Entenda a grande tacada de Flávio Bolsonaro com a PEC das Praias - https://jornalggn.com.br/coluna-economica/nassif-a-grande-tacada-de-flavio-bolsonaro-com-a-pec-das-praias/ - Acesso em 16.06

5 Redes sociais expressam rejeição recorde ao PL do Estupro, diz analista - https://iclnoticias.com.br/redes-rejeicao-recorde-ao-pl-do-estupro/ - Acesso em 16.06

6 PEC do trabalho infantil recebe parecer favorável do relator - https://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/91851-pec-do-trabalho-infantil-recebe-parecer-favoravel-do-relator

7 Relator admite na CCJ da Câmara PEC que aumenta número de ministros do STF - https://www.diap.org.br/index.php/noticias/noticias/91856-ccj-da-camara-admite-pec-que-aumenta-numero-de-ministros-do-stf

8 Interferir no Supremo é estratégia de governos autoritários - https://www.dw.com/pt-br/interferir-no-supremo-%C3%A9-estrat%C3%A9gia-de-governos-autorit%C3%A1rios/a-63500876 - Acesso em 16.06

9 Congresso derruba vetos de Lula e volta a proibir ‘saidinha’ de presos - https://g1.globo.com/politica/noticia/2024/05/28/congresso-derruba-vetos-de-lula-e-volta-a-proibir-saidinha-de-presos-veja-como-votaram-deputados-senadores-e-partidos.ghtml - Acesso em 16.06

10 Congresso mantém veto de Bolsonaro que barrou criminalização de fake news - https://www.brasildefato.com.br/2024/05/29/congresso-mantem-veto-de-bolsonaro-que-barrou-criminalizacao-de-fake-news - Acesso em 16.06

11 PLP 459/17: projeto de securitização de créditos públicos é aprovado pela Câmara; vai à sanção - https://www.diap.org.br/index.php/noticias/noticias/91859-plp-459-17-projeto-de-securitizacao-de-creditos-publicos-e-aprovado-pela-camara-vai-a-sancao - acesso em 16.06